Las recientes medidas del gobierno para la optimización institucional, que suprimen entre otros, al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, ente rector del Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a cargo de diseñar, ejecutar y monitorear políticas, particularmente la aplicación de la Ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, aprobada en febrero del 2018, como resultado de una intensa acción del Movimiento de mujeres del Ecuador y de la decisión política de autoridades del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional, pone en evidencia uno de los vacíos más notorios en la actual política pública, relacionada con las políticas y mecanismos institucionales para la igualdad de género en el país.

El traslado de las competencias y responsabilidades del Ministerio de Justicia hacia el Ministerio de la Política, va más allá del ámbito de la aplicación de la Ley Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, pues tiene que ver con un enfoque integral de incorporación del principio de igualdad de género en las políticas públicas. Las brechas entre hombres y mujeres que se expresan en indicadores como violencia de género, femicidios, embarazo en adolescentes, mortalidad materna, discriminación en el trabajo, diferencial salarial, en la participación y representación política, entre otros, requieren políticas y mecanismos de acción positiva basados en el principio de igualdad y no discriminación no solo jurídica, sino sustantiva o real, como elemento central de toda la gestión pública.

El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM-Quito, organismo no gubernamental con más de 30 años de trabajo en defensa de los derechos de las mujeres, en especial de las víctimas de violencia de género, y actualmente integrante de la Red de Casas y Centros de atención y prevención de la violencia intrafamiliar, que desde el 2008 ha concertado una alianza con el Estado, se constituyó un espacio de respuesta para las mujeres afectadas por esta vulneración de derechos, y por tanto, demanda el sostenimiento y mejoramiento del Sistema Nacional integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, a través de presupuesto suficiente a ser asignado por el ente rector de las Finanzas Públicas, priorizando la aplicación de la Ley, el fortalecimiento del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, con capacidad política de alto nivel para coordinar la aplicación de una macro política pública para la igualdad de género.

El CEPAM propone al Estado y a las organizaciones de mujeres abrir un amplio diálogo para concertar una Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género al 2021 y el fortalecimiento del Consejo de Igualdad de Género, que debe ser la institución que lleve adelante, con la participación de la sociedad civil, la implementación y vigilancia de las políticas públicas y mecanismos de avance en los derechos de las mujeres.

¡NADA SIN NOSOTRAS, TODO CON NOSOTRAS!

CEPAM – QUITO