La aprobación de la Ley para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación no supone el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ecuatorianas, derechos que han sido postergados históricamente. Por lo tanto, la postura de CEPAM ante la aprobación de esta Ley será de alerta ante su aplicación y de reclamación del aborto como un derecho generalizado para todas las mujeres.
Consideramos que el veto presidencial ha sido elaborado con el espíritu de obstaculizar el acceso de las mujeres, niñas y personas gestantes a un aborto legal en caso de violación, fomentando a través de diferentes requisitos la dificultad o imposibilidad de acceder a un aborto por violación de manera legitima y segura.
Condenamos las acciones del presidente Guillermo Lasso, quien ha vetado la Ley de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación de forma parcial, castigando la lucha social y regateando tiempos, generando unos parámetros que no se aplican a la realidad actual de las mujeres víctimas de violencia sexual.
Exigimos el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, así como su protección sin ambages en casos de violencia sexual. La interrupción voluntaria del embarazo es una medida de salud pública y un derecho básico a la salud de las mujeres, reconocido por la ONU y la OMS.
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