MANIFIESTO PÚBLICO

EL ESTADO DEBE ASUMIR DE MANERA URGENTE LA DEUDA CON LAS MUJERES: NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES, ADULTAS Y ADULTAS MAYORES Y DIVERSIDAD SEXO GENÉRICA

El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de la ONU, a través de su Resolución No.51/134, decidió declarar el 25 de noviembre como el DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER y con esto invitó a los gobiernos, organismos, órganos, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas, y a otras organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, a que en este día se organicen actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia de género.

A través de los años, este día ha permitido generar conciencia de la violencia sistemática que viven millones de mujeres alrededor del mundo. Así como también, ha buscado generar reflexión acerca de la impunidad y la falta de políticas eficaces para la prevención y erradicación de todas las formas de violencias contra las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores.

El 24 de junio de 2020 el Estado ecuatoriano fue declarado responsable del caso Paola Guzmán por la Corte IDH por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, protección de la honra y por el incumplimiento de las obligaciones de prevenir actos de violencia contra la mujer.

Este 2020, de cara a la conmemoración de este día, para las organizaciones firmantes es imposible desconocer las cifras alarmantes de casos de femicidios, transfemicidios infanto-femicidios y aumento de todo tipo de violencias: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política y ginecobstétrica que delatan, quizá, una de las peores crisis de violencia que vive el país. Por este motivo, manifestamos y exhortamos al Presidente de la República a:

• Que, la violencia de género que actualmente viven miles de mujeres en Ecuador está relacionada con el establecimiento de una sociedad patriarcal, parte de procesos de socialización, internalización y establecimiento de patrones socioculturales que desconocen que las mujeres son sujetas plenas de derechos y que se han fortalecido a lo largo de los años a través de relaciones de inequidad, pobreza, desempleo y de una suma de desigualdades y discriminación sistemática.
• Que, el femicidio, transfemicidio, infanto-femicidio y los delitos de odio que producen la muerte de una persona, son las formas más agravadas de violencia contra las mujeres y que, como se ha observado en la mayoría de casos, estas muertes pudieron ser prevenidas, ya que las víctimas han presentado denuncias sobre violencia física, psicológica y sexual que han quedado en total impunidad por corrupción, negligencia en la atención por parte del sistema de justicia, siendo el Estado el responsable directo.
• Que, la mayoría de las mujeres no presentan una denuncia ante los órganos competentes por considerar que estos son ineficientes e ineficaces para brindar una protección adecuada.
• Que, aunque las estadísticas institucionales indican que el mayor porcentaje de violencias se presenta en el ámbito familiar, un porcentaje significativo de mujeres ha experimentado violencia física, psicológica, sexual, ginecobstétrica, patrimonial, simbólica, digital y/o cibernética, y política en otros ámbitos como el educativo, laboral, social y público, situaciones que deben ser atendidas por el Estado en su integralidad.
• Que, a pesar de la adopción de un nuevo marco normativo a través de la Constitución de la República de Ecuador en 2008, de la incorporación del tipo penal de femicidio en el COIP y de la aprobación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, esta normativa vigente no ha sido cumplida adecuadamente debido a la falta de empoderamiento y exigibilidad por parte de las/los titulares de derechos, falta de institucionalidad, de presupuesto, o al débil proceso de fortalecimiento de las instituciones del Estado responsables de la prevención y erradicación de todas las formas de violencias contra las mujeres.
• Que, Ecuador no aplica una política pública integral de prevención, protección y erradicación de la violencia que disponga de un presupuesto adecuado para la ejecución de planes, proyectos y acciones necesarias para proteger y garantizar la vida e integridad de las niñas, adolescentes, mujeres adultas, adultas mayores y mujeres parte de diversidades sexo genéricas, condición socioeconómica, etnia, estatus migratorio, y las diferentes interseccionalidades.

En virtud de lo manifestado, las personas, instituciones y organizaciones firmantes, EXIGIMOS, de manera urgente, que el Estado a través de sus instituciones como sus representantes:

• Adopte una política con perspectiva de género que incluya protocolos para situaciones de emergencia o crisis que garantice el acceso a derechos básicos, a través de acciones afirmativas, que permitan ejecutar la política pública.

• Cree un protocolo de atención efectiva para mujeres víctimas de violencia a aplicarse dentro situaciones de emergencia y crisis declaradas por el Gobierno nacional, ya que el protocolo actualmente implementado, recoge mecanismos tradicionales de atención a la violencia de género que no garantiza una protección efectiva.
• Adopte canales alternativos o específicos de comunicación con enfoque intercultural e inclusivos en todos los idiomas para reportar emergencias y, de esta forma, combatir todo tipo de violencias basadas en género, en especial, en el contexto de los estados de emergencia, ya que los canales tradicionales de atención se han vuelto inefectivos.
• Fortalezca a las instituciones y al personal que previene, investiga, sanciona y emite medidas de reparación de las violencias de género para que se evite la revictimización y actúen con celeridad. Asimismo, se dote del personal multidisciplinario suficiente para la atención en casos de todo tipo de violencias, ya que la falta de personal que realice pericias puede generar impunidad.
• Adopte una política con perspectiva de género para afrontar los desafíos que implica la pandemia COVID-19 y las emergencias y crisis que puedan darse en el futuro.
• Adopte políticas para la erradicación de las violencias contra las mujeres en todas sus formas, que aseguren la prevención, protección y reparación integral de los derechos de las sobrevivientes de violencias basadas en género y sus hijas e hijos a través de redes de apoyo.
• Transversalizar los enfoques de género y masculinidades no machistas en las políticas públicas tendientes a la erradicación de patrones socioculturales patriarcales, heteronormados, adultocéntricos, colonialistas, racistas, clasistas y a la construcción de una sociedad más igualitaria, libre de violencia machista, en la institucionalidad pública y medios de comunicación.

• Garantice el acceso a la salud sexual y reproductiva gratuita, universal y de calidad para todas las mujeres, en cualquier condición o situación en la que se encuentren, tomando en cuenta la interseccionalidad, especialmente, durante estados de emergencias y crisis. Información que debe difundirse a través de los diferentes medios de información en las zonas urbano, urbano marginal y rurales. Y se capacite al personal de las unidades de salud para evitar la violencia obstétrica declarándose el servicio de salud sexual y reproductiva como un servicio esencial de salud, incluido el aborto (demanda organizaciones Guayas), en los servicios de salud pública y atención diferenciada a NNA. Este servicio debe ser preventivo. También se requiere que los establecimientos de salud pública, a través sus diferentes programas como planificación familiar, salud mental, consejería, etc., constituyan un servicio fundamental para la prevención y detección precoz de una mujer maltratada.

• Que el Ministerio de Salud actualice la base de datos sobre los tipos de enfermedades raras y catastróficas que sufren las mujeres en el Estado ecuatoriano.

• Disponga de suficientes recursos económicos que permitan la construcción, el fortalecimiento y mantenimiento de albergues, centros de atención y casas de acogida que brinden asistencia de trabajo social, educativo, psicosocial, médico y legal de calidad, calidez, en los que se considere las medidas de reparación integral con cobertura tanto para las víctimas sobrevivientes de violencia como su entorno familiar. La ubicación de estos lugares debe ser socializada y debe tener los protocolos de seguridad y capacitación necesaria para actuar en casos de vulneración de derechos contra las mujeres.
• Que el Estado garantice una educación integral en la prevención sobre los diferentes tipos de violencias, en cada unidad educativa donde incluya una materia relacionada al ejercicio de los derechos humanos, asegurando el acceso a esta educación a los sectores rurales del país. Asimismo, se asigne presupuesto a los Distritos de Educación para la creación, socialización, ejecución, contratación y capacitación de personal especializado para el proyecto de escuelas para padres, niñas, niños y adolescentes, para la prevención y erradicación de las violencias en el país.

• Obligatoriedad de que las instituciones educativas, en todos sus niveles, implementen políticas institucionales y protocolos efectivos que aseguren la ejecución de sus acciones en condiciones de seguridad, respeto, libres de acoso y violencias.

• Que las instituciones competentes transparenten la información de las víctimas de violencias basadas en género, tanto a escala nacional como local, siendo necesario que se active el Registro Único de Violencia contra las mujeres, ya que esto permitirá plantear las estrategias para implementar políticas públicas y normativas a escala nacional. De igual manera esto servirá para generar conciencia en la ciudadanía sobre una problemática que está desvalorizada en la agenda mediática del país y que, en varias ocasiones, es desapercibida.
• Que se establezca una semaforización de las violencias con base ensus intensidades, desde la primera acogida (verde, amarillo, naranja, rojo, negro).
• Que las medidas de protección ordenadas por las autoridades competentes también consideren a las y los hijos y demás miembros de la familia víctimas de violencias. De igual forma, se debe incluir y otorgar medidas de protección inmediatas frente a situaciones de violencias contra los grupos LGBT.

• Que la fuerza militar y policial repiense su accionar y preparación, las cuales deben estar al servicio de la sociedad y no del gobierno de turno. Esto para evitar el amedrentamiento a colectivos y personas que defienden los derechos humanos.
• Que existan normativas que prohíban y sancionen la publicidad machista, sexista y misógina que cosifica a las mujeres e hipersexualiza a las niñas. No más violencia simbólica reproducida a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Por ello, se deben generar las acciones pertinentes para que los medios de comunicación cumplan lo que dispone el artículo 42 de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres.
• Que se democratice el uso de la tecnología con prioridad para los sectores vulnerables, entiéndase a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y madres en quintiles de pobreza.
• Legislar para aumentar la participación de las mujeres en los ámbitos laborales, profesionales y de elección popular, en igualdad de condiciones, garantizando su acceso y estableciendo sanciones ejemplificadoras a quienes, a través de diversas estrategias, impidan o afectan el ejercicio de estos derechos.

• Aprobar, de manera urgente, un Código Orgánico de Salud que garantice a niñas y mujeres el cumplimiento de sus derechos al acceso a una educación sexual y reproductiva en el sistema público. De igual forma, se reforme el Código Orgánico Integral Penal, para que se tipifiquen los demás tipos de violencias existentes, tales como la económica, política, simbólica, etc.
• La despenalización del aborto por violación como un derecho mínimo para garantizar la vida y la salud de las mujeres. Para ello, la Defensoría del Pueblo deberá solicitar a la Corte Constitucional que resuelva el caso de inconstitucionalidad de aborto por violación y deberá adelantar la cronología de atención de casos. (Demanda de organizaciones de Pichincha, Guayas, Chimborazo y Manabí)

• Se active y fortalezcan las defensorías comunitarias y a líderes y lideresas barriales, con el fin de que desarrollen actividades de promoción, prevención y atención como corresponsabilidad ciudadana; así como también, se promueva la formulación e implementación de proyectos comunitarios para la formación ciudadana, la educación para la paz, la igualdad y la equidad de género.
• Trabajar en el territorio, de forma articulada con organizaciones de mujeres, con respeto a los procesos participativos y de exigibilidad de los derechos y realizar un estudio de situación a la implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer y su reglamento, a fin de determinar el cuello de botella para establecer las políticas públicas y normativas de acuerdo con las necesidades identificadas. Asimismo, ampliar y fortalecer los mecanismos de articulación interinstitucionales e intersectoriales (gobierno central – gobiernos autónomos descentralizados), para erradicar las violencias de género de forma sostenida en el tiempo.
• Que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que aún no lo han hecho, aprueben las ordenanzas para la creación de las Juntas Cantonales y Concejos Cantonales de Protección.
• Impulsar, a través de la difusión por medios masivos de comunicación, la política pública de prevención de violencias con perspectiva de género así como también la ruta y canales de denuncia.
• Se establezcan sanciones y penas contra todas las formas de violencias determinadas en la LOIPEVCM hacia las personas agresoras. Las multas que se determinen en los procesos penales por violencias basadas en género sean ingresadas dentro de un fondo administrado por el Estado, para que sea utilizado en favor de las víctimas de violencias, como, por ejemplo, para apoyar a casas de acogida.
• Que se cree una Secretaría Nacional de Género con recursos suficientes con atribuciones para prevenir y erradicar las violencias de género en todas sus formas y esté a cargo del Registro Único de Violencia y del Observatorio que establece la LOIPEVM.
• Adoptar una política pública integral que reconozca, proteja y propicie la labor de las defensoras de derechos humanos y/o lideresas, generando un ambiente seguro de no criminalización de la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza.
• Construir procesos con la participación de los diferentes pueblos y nacionalidades para deconstruir aspectos negativos de violencias en las culturas y volver a reconstruirlos. 
• Dar prioridad al desarrollo, desde la infancia, con políticas que apoyen a todas las personas desde lo rural a lo urbano, a hombres y mujeres en toda su diversidad, ya que todas y todos somos parte de la sociedad. 
• Establecer planes de capacitación, tanto para personas servidoras públicas como a la ciudadanía en general: mujeres, núcleo familiar, de los sectores urbanos y rurales, así como de producción, sexualidad y otros temas necesarios para prevenir la violencia y crear empoderamiento.
• Se considere el principio de paridad de género y se tomen las medidas necesarias para la eliminación de la violencia política que se ejerza en contra de las mujeres candidatas durante los procesos electorales y fuera de estos, así como también capacitar a los diferentes actores/as a través del Instituto de la Democracia.

• Observar desde la ciudadanía el fiel cumplimiento de la Ley según sus competencias, a las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, así como también a los GAD según lo determinado en el artículo 38 de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

• A la Secretaría de Derechos Humanos para que reactive la mesa técnica LGBT.
• Que dentro del Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia se incluyan mecanismos para la atención integral a las mujeres víctimas de violencia en el contexto de movilidad humana, pues su condición de vulnerabilidad, sin acceso a documentos de regularización, precarización, complejiza aún más su acceso y garantía de derechos, especialmente, el acceso a la justicia.

• Instar al cumplimiento de los Protocolos para la Protección Integral para las Niñas, Adolescentes, Jóvenes, Adultas y Adultas Mayores en el ámbito de su competencia en las actividades mineras que ejecutan en la provincia de Napo y que son invisibilizadas por las autoridades, en las que no solo se vulneran los derechos a la naturaleza sino de las mujeres en general.

• Se designen fiscales mujeres con conocimiento de género, debido a que quienes conocen sobre las violencias en Pastaza, son hombres. (Demanda específica de organizaciones de Pastaza)
• Se requiera la activación de mecanismos de control del expendio de licor e, incluso, del ingreso de este a las comunidades para evitar las violencias. Así como, se impulse el deporte para evitar las violencias tanto en los sectores rurales como urbanos. (Demanda específica de organizaciones de Pastaza)
• Impulsar desde la sociedad civil la mancomunidad para que, mediante convenios de cooperación entre los GAD de la provincia de Napo y los cinco GAD Municipales, inviertan en la construcción de la Casa de Acogida Provincial y se implementen los mecanismos necesarios para la protección integral de las usuarias, con un presupuesto acorde al requerimiento del equipo técnico, alojamiento que permita el albergue de las mujeres víctimas de las violencias y a miembros del núcleo familiar.

En este sentido, consideramos que son acciones urgentes e inmediatas las siguientes:

• La Presidencia de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas deben asignar los recursos financieros suficientes y adecuados para cada año fiscal, tendientes a garantizar la implementación de competencias por parte de todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres, como lo señala, la Constitución del Ecuador, el COOTAD y la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
• La Asamblea Nacional debe cumplir sus competencias de control y fiscalización respecto de los recursos que la función ejecutiva debe entregar a todas las instituciones del Sistema.
• Las instituciones de la Función Judicial deben garantizar, de manera oportuna y efectiva, la tutela judicial efectiva, seguridad jurídica, debido proceso y la reparación a víctimas en los casos de violencias contra las mujeres y desaparición forzada. De igual forma, se capacite a todo su personal en enfoque de derechos humanos, de género e interseccional implementando personal especializado en estas áreas, y fomentando procesos permanentes de sensibilización.
• Las instituciones del poder Ejecutivo en territorio a través de sus Tenencias Políticas; y, los Gobiernos Autónomos Descentralizados por intermedio de sus Juntas Cantonales de Protección de Derechos, deben garantizar, de manera oportuna y efectiva, la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y la reparación a víctimas en los casos de violencias contra las mujeres. Asimismo, implementen mecanismos encaminados a garantizar políticas públicas de sensibilización, erradicación y ejecución de planes, programas y proyectos para mujeres víctimas de violencia y su núcleo familiar, con la participación de la sociedad civil.
• Los Consejos Cantonales y las Juntas de Protección de Derechos deben garantizar que su personal tenga trayectoria en empoderamiento de derechos humanos. Así como autonomía administrativa del Gobierno Municipal.
• Las instituciones de la Función Electoral deben adoptar medidas para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia política en contra de mujeres actoras políticas, formación en gobernanza, instituto de la democracia, mujeres lideresas, espacios de democracia, procedimiento parlamentario.
• Las instituciones de la Función de Transparencia y Control Social deben promover mecanismos de participación adecuados que permitan integrar a las mujeres en espacios de toma de decisión para la elaboración de políticas públicas y de igualdad que cuenten con la voz y representación de ellas.
• Los establecimientos educativos, las universidades y los medios de comunicación deben realizar campañas de reflexión, sensibilización y capacitación para prevenir y erradicar todas las formas de violencias contra las mujeres.
• La Secretaría de Derechos Humanos deberá adoptar medidas inmediatas para que se garantice lo establecido en el artículo 1 de la LOIPEVG en todo su contexto.
• El Estado ecuatoriano deberá implementar las acciones necesarias para el cumplimiento de su obligación de PROMOVER los derechos de las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en toda su diversidad, a una vida libre de violencias con enfoque de género, diversidad, discapacidad e interculturalidad, es decir, que se llegue a los pueblos y nacionalidades que por las barreras existentes desconocen sobre sus derechos.
• Finalmente, las instituciones que son parte del Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia deben cumplir las competencias determinadas en la LOIPEV e integrar en su gestión una política integral con perspectiva de género, en especial, se debe crear y consolidar el Registro Único de Violencia como herramienta de trasparencia de la situación de las mujeres en el país y ecuatorianas fuera del país para la adecuada toma de decisiones.

Lista de organizaciones que respaldan el Manifiesto a escala nacional

Colectivo tejiendo Memorias (Carchi)

Secretaría de Género Provincial de Carchi

Tejedoras Manabitas

Movimiento Mujeres por la Justicia (Manabí)

Organización de Mujeres Lideresas de Manabí

Hienas del Valle (Manabí)

Zorras Subversivas (Manabí)

Red de Mujeres de Manta

Colectivo Mujeres Pedernales

Colectivo LGBTI Portoviejo

CORV-CPME (Tungurahua)

Colectivo Ana de Peralta (Tungurahua)

Fundación en Común (Tungurahua)

Mujeres Sin Límites (Tungurahua)

Coordinación Política de la Mujer en el cantón Chinchipe

Asociación Coordinadora de Mujeres Ecuatorianas de Zamora Chinchipe

Coordinación Política de Zamora

Mujeres de Centinela del Cóndor

Coordinadora Política de Mujeres del cantón Chinchipe

Colectivo de SOS Violencia Loja

Colectivo Mujeres Indígenas (Loja)

Colectivo Warmi Sur (Loja)

Comité de Derechos Humanos de Orellana

Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Aguarico (Orellana)

Asociación de Líderes Comunitarios Red Angel Shingre (ALCRAS).       

Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi AUCC (Imbabura)

RED VIFGX-I (Imbabura)

Asociación ASIRIS (Imbabura)

Mujeres con Nombre Colectivo Feminista (Imbabura)

Somos Divers@s (Imbabura)

CONUAE (Imbabura)

Organización de Afroecuatorianas Papá Carlos Gonzalón (Imbabura)

COMITÉ CENTRAL DE MUJERES – UNORCAC (Imbabura)

Consejo Consultivo de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Cotopaxi)

Cooperativa de Taxis Mujeres por un nuevo sendero (Bolívar)

Fiscalía Provincial de Bolívar

Foro Provincial de la Mujer (Bolívar)

Secretaría de Derechos Humanos (Bolívar)

RED Pro Derechos (Bolívar)

Colectivo Fortaleza Juvenil 2030 (Chimborazo)

Sinchi Corazón (Chimborazo)

Vicepresidencia del Movimiento Indígena de Chimborazo

Consejo de Defensores (Chimborazo)

Fundación Gaby Díaz (Chimborazo)

Fundación Igualdad en la Diversidad (Pastaza)

Coordinadora Política de las Mujeres Ecuatorianas Núcleo de Pastaza

Comunidad de Sarayaku

Mujer Kichwa de Pastaza (Mujeres Amazónicas)

Sector de la Mujer del Pueblo de Sarayaku

Guayusa Participativa (Pastaza)

Mujeres Amazónicas (Pastaza)

Viceprefecta de Pastaza

Asociación de jubilados (Napo)

Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas, Núcleo Napo periodo 2019-2021

Comité de Derechos Humanos de las Mujeres de Napo

Asociación Cultural Ecuatoriana por los Derechos y la Igualdad en Cataluña ANDRES RECALDE (Napo)

Consejo Consultivo de Mujeres del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Tena (Napo)

Fundación Patou Solidarite (Napo)

Junta Cantonal de Protección de Derecho Quijos (Napo)

Junta Cantonal de Protección de Derechos del cantón Tena (Napo)

Junta de Protección de Derechos El Chaco (Napo)

Consejo Cantonal de Protección de Derechos del cantón Carlos Julio Arosemena Tola (Napo)

Consejo Cantonal de Protección de Derechos del cantón Archidona (Napo)

Asociación de Afroecuatorianos de Napo

Comité Provincial Por Los Derechos Humanos De La Mujeres De Napo

Coordinadora Cantonal de la Juventud Archidona (Napo)

AMJUPRE (Santo Domingo de los Tsáchilas)

CNIG-Consejera Nacional

Movimiento de Mujeres Migales (Santo Domingo de los Tsáchilas)

AMAE Santo Domingo

Red de Mujeres Santo Domingo

GAD Parroquial Luz de América (Santo Domingo de los Tsáchilas)

Observatorio Ciudadano para la Erradicación de la Violencia de Género activa el Sistema Provincial para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género Contra las Mujeres (Santo Domingo de los Tsáchilas)

UNME Santo Domingo

Fundación AMES (Santo Domingo de los Tsáchilas)

Liderazgo Social (Santo Domingo de los Tsáchilas)

Mujeres “Emprendiendo al Futuro” (Esmeraldas)

Mujeres de la Parroquia Rural San Mateo (Esmeraldas)

Mujeres en contexto de movilidad humana (Esmeraldas)

Estudiantes de la Universidad Luis Vargas Torres (Esmeraldas)

Red de mujeres Negras (Esmeraldas)

Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas. OEMIL (Pichincha)

Colectiva Creando Juntas (Pichincha)

Gaby Gómez Churo Comunicación (Pichincha)

Diálogo Diverso (Pichincha)

Nosotras por la democracia (Pichincha)

Colectivo Coalición Nacional de Mujeres de Ecuador (Pichincha)

Verónica Carrillo López (Pichincha)

Fundación Desafío (Pichincha)

Años Dorados (Guayas)

Tierra y Vida (Guayas)

CEPAM-Guayaquil

Vigilia #infanciasinabuso

Hogar de Cristo (Guayas)

Casa de Acogida Hogar Nazareth (Guayas)

Fundación Acción Igualitaria (Guayas)

Fundación Rescate Animal Ecuador (Guayas)

Red Nacional de Personas Mayores-RENPERMAE (Guayas)

Asociación de Mujeres Abogadas (Guayas)

CDH (Guayas)

Coordinadora Política de Mujeres – Guayas

Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas – Núcleo Guayas

Conbade (Guayas)

Defensoría Comunitaria Playas

Policía Nacional DEVIF (Guayas)

Red Permagua (Guayas)

Sector Monte Sinaí- Coordinadora de A-M

Defensoría Comunitaria Guayas

Años Dorados LGBTI (Guayas)

Defensoría Comunitaria cantón Playas

Fundación Cerro Verde (Guayas)

Comité de Usuarias de Servicios Públicos – Hospital Matilde Hidalgo de Prócel (Guayas)

Confederación Nacional de Bancos (Guayas)

Mujeres en Movimiento – Matilde Hidalgo Navarro (Guayas)

Fundación Solidaridad y Familia SOFAMI (Cañar)

Colectivo Yo Joven (El Oro)

Fundación Quimera (El Oro)

Plaperts (El Oro)

Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar (El Oro)

Centro de Atención Integral Rosa Vivar (El Oro)

Movimiento de mujeres de El Oro

Fundación Lunita Lunera (El Oro)

Pastoral Social Cáritas – Área de Movilidad Humana (Sucumbíos)

Fundación Procuradora Judicial Juntos por una Vida Digna en Derechos (PROJUDVIDAH) (Sucumbíos)