25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 25 de noviembre de 2020 Descargar manifiesto MANIFIESTO PÚBLICO EL ESTADO DEBE ASUMIR DE MANERA URGENTE LA DEUDA CON LAS MUJERES: NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES, ADULTAS Y ADULTAS MAYORES Y DIVERSIDAD SEXO GENÉRICA El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de la ONU, a través de su Resolución No.51/134, decidió declarar el 25 de noviembre como el DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER y con esto invitó a los gobiernos, organismos, órganos, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas, y a otras organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, a que en este día se organicen actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia de género. A través de los años, este día ha permitido generar conciencia de la violencia sistemática que viven millones de mujeres alrededor del mundo. Así como también, ha buscado generar reflexión acerca de la impunidad y la falta de políticas eficaces para la prevención y erradicación de todas las formas de violencias contra las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores. El 24 de junio de 2020 el Estado ecuatoriano fue declarado responsable del caso Paola Guzmán por la Corte IDH por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, protección de la honra y por el incumplimiento de las obligaciones de prevenir actos de violencia contra la mujer. Este 2020, de cara a la conmemoración de este día, para las organizaciones firmantes es imposible desconocer las cifras alarmantes de casos de femicidios, transfemicidios infanto-femicidios y aumento de todo tipo de violencias: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política y ginecobstétrica que delatan, quizá, una de las peores crisis de violencia que vive el país. Por este motivo, manifestamos y exhortamos al Presidente de la República a: Que, la violencia de género que actualmente viven miles de mujeres en Ecuador está relacionada con el establecimiento de una sociedad patriarcal, parte de procesos de socialización, internalización y establecimiento de patrones socioculturales que desconocen que las mujeres son sujetas plenas de derechos y que se han fortalecido a lo largo de los años a través de relaciones de inequidad, pobreza, desempleo y de una suma de desigualdades y discriminación sistemática. Que, el femicidio, transfemicidio, infanto-femicidio y los delitos de odio que producen la muerte de una persona, son las formas más agravadas de violencia contra las mujeres y que, como se ha observado en la mayoría de casos, estas muertes pudieron ser prevenidas, ya que las víctimas han presentado denuncias sobre violencia física, psicológica y sexual que han quedado en total impunidad por corrupción, negligencia en la atención por parte del sistema de justicia, siendo el Estado el responsable directo. Que, la mayoría de las mujeres no presentan una denuncia ante los órganos competentes por considerar que estos son ineficientes e ineficaces para brindar una protección adecuada. Que, aunque las estadísticas institucionales indican que el mayor porcentaje de violencias se presenta en el ámbito familiar, un porcentaje significativo de mujeres ha experimentado violencia física, psicológica, sexual, ginecobstétrica, patrimonial, simbólica, digital y/o cibernética, y política en otros ámbitos como el educativo, laboral, social y público, situaciones que deben ser atendidas por el Estado en su integralidad. Que, a pesar de la adopción de un nuevo marco normativo a través de la Constitución de la República de Ecuador en 2008, de la incorporación del tipo penal de femicidio en el COIP y de la aprobación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, esta normativa vigente no ha sido cumplida adecuadamente debido a la falta de empoderamiento y exigibilidad por parte de las/los titulares de derechos, falta de institucionalidad, de presupuesto, o al débil proceso de fortalecimiento de las instituciones del Estado responsables de la prevención y erradicación de todas las formas de violencias contra las mujeres. Que, Ecuador no aplica una política pública integral de prevención, protección y erradicación de la violencia que disponga de un presupuesto adecuado para la ejecución de planes, proyectos y acciones necesarias para proteger y garantizar la vida e integridad de las niñas, adolescentes, mujeres adultas, adultas mayores y mujeres parte de diversidades sexo genéricas, condición socioeconómica, etnia, estatus migratorio, y las diferentes interseccionalidades. En virtud de lo manifestado, las personas, instituciones y organizaciones firmantes, EXIGIMOS, de manera urgente, que el Estado a través de sus instituciones como sus representantes: Adopte una política con perspectiva de género que incluya protocolos para situaciones de emergencia o crisis que garantice el acceso a derechos básicos, a través de acciones afirmativas, que permitan ejecutar la política pública. Cree un protocolo de atención efectiva para mujeres víctimas de violencia a aplicarse dentro situaciones de emergencia y crisis declaradas por el Gobierno nacional, ya que el protocolo actualmente implementado, recoge mecanismos tradicionales de atención a la violencia de género que no garantiza una protección efectiva. Adopte canales alternativos o específicos de comunicación con enfoque intercultural e inclusivos en todos los idiomas para reportar emergencias y, de esta forma, combatir todo tipo de violencias basadas en género, en especial, en el contexto de los estados de emergencia, ya que los canales tradicionales de atención se han vuelto inefectivos. Fortalezca a las instituciones y al personal que previene, investiga, sanciona y emite medidas de reparación de las violencias de género para que se evite la revictimización y actúen con celeridad. Asimismo, se dote del personal multidisciplinario suficiente para la atención en casos de todo tipo de violencias, ya que la falta de personal que realice pericias puede generar impunidad. Adopte una política con perspectiva de género para afrontar los desafíos que implica la pandemia COVID-19 y las emergencias y crisis que puedan darse en el futuro. Adopte políticas para la erradicación de las violencias contra las mujeres en todas sus formas, que aseguren la prevención, protección y reparación integral de los derechos de las sobrevivientes de violencias basadas